El certificado de uso de suelo es uno de esos documentos “pequeños” que pesa mucho. Sin él no se puede obtener el permiso de funcionamiento, la patente municipal ni el certificado de bomberos. En la práctica decide si un emprendedor puede operar de manera formal o se queda en la informalidad.

En Guayaquil el trámite es una consulta en línea. Se ingresa el código catastral, el sistema verifica la compatibilidad de la actividad con la zonificación del predio y en la mayoría de los casos se descarga el documento en minutos. Cuando no está disponible en el sistema, se acude a ventanilla con un formulario y una tasa de apenas dos dólares.

En Durán el proceso es distinto. Hay que presentar un oficio dirigido a la máxima autoridad municipal, pagar una tasa de $19,10, entregar foto de la fachada, predios actualizados, RUC, autorización notarizada y, si se es arrendatario, el contrato registrado en Inquilinato. El expediente viaja a Planeamiento Territorial y se resuelve de forma presencial. La renovación es más sencilla, pero la primera emisión sigue siendo un trámite de ventanilla con varios requisitos documentales.

No se trata de cuestionar la competencia municipal ni la necesidad de controlar el uso del suelo. Se trata de preguntarnos si el diseño del trámite está ayudando o entorpeciendo el objetivo que todos decimos perseguir: más negocios formales, más empleo y más recaudación legítima.

Cuando un emprendedor que quiere legalizar un local tiene que dedicar varios días, dinero extra en notaría y desplazamientos solo para obtener un documento que en el cantón vecino se descarga en línea, el mensaje que recibe es claro: formalizarse es costoso y lento. Muchos desisten o siguen operando de manera informal. El municipio pierde la patente, la tasa de habilitación y el control; el emprendedor pierde seguridad jurídica y acceso a crédito; la ciudad pierde dinamismo económico.

¿Qué se puede mejorar?

• Digitalización real del trámite (subida de documentos, validación automática del predial y del RUC, y descarga del certificado).
• Reducción de requisitos innecesarios para la primera emisión.
• Plazos máximos claros y seguimiento en línea.
• Tarifas diferenciadas o gratuidad para microemprendimientos (RIMPE).

La tecnología y los sistemas catastrales ya existen. Guayaquil demostró que es posible convertir la consulta de uso de suelo en un servicio digital ágil sin renunciar al control urbanístico. Durán —y cualquier cantón que todavía mantenga procesos de esta naturaleza— tiene la oportunidad de dar el mismo paso.

Facilitar la formalidad no es regalar permisos. Es quitar barreras artificiales para que quien quiere cumplir la ley pueda hacerlo sin convertirse en un especialista en burocracia.

Desde Casa en Venta creemos que la formalidad debe ser el camino más fácil, no el más difícil. Invitamos a las autoridades municipales de Durán y de todos los cantones de la provincia a revisar estos procesos con una mirada de servicio y competitividad territorial.

La burocracia no debería ser el principal competidor de quien quiere emprender.